La Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias al banquillo

La mesa redonda para analizar y debatir el Proyecto de Decreto de la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias (LGMASC) se llevó a cabo en el Hotel Four Seasons, y en su inauguración participó como invitado de honor Andrés Alejandro Pérez Frías, abogado general de la Secretaría de Economía, quien destacó por su disposición al diálogo con el gremio legal y con el sector empresarial.

El abogado Pérez Frías aseveró que la Secretaría de Economía tiene la disposición de impulsar los juicios orales mercantiles y el uso de los medios alternativos de solución de controversias para hacer más expedita y bajar el costo de la resolución de conflictos en nuestro país.

Añadió que con la adición del título quinto al libro quinto del Código de Comercio se pretende lograr cumplir con los compromisos internacionales de México, generar certidumbre, así como realizar una homologación en materia mercantil sobre cómo se debe llevar la mediación y la conciliación a lo largo y ancho del territorio nacional.

Durante su exposición explicó que, por su parte, la LGMASC que regulará las conciliaciones en materias civil y familiar incluirá la posibilidad de realizarlas vía plataformas electrónicas, creará un Registro Público de Facilitadores —públicos y privados—, electrónico y gratuito, así como un Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Al mencionar las reformas estructurales que se han impulsado durante este sexenio, Andrés Alejandro declaró: “El proyecto tiene como base cumplir con las conclusiones de las mesas de justicia cotidiana, generar un instrumento para dar seguimiento estadístico que permita tomar decisiones correctivas o incluso preventivas, y mantener la flexibilización de la conciliación/mediación, así como la confidencialidad de la información en los MASC”.

Señaló que aunque en la reforma constitucional que prevé la expedición de esta legislación se estableció un periodo de 180 días, el cual vence a principios de agosto, hay pocas posibilidades de que se cumpla con el periodo señalado debido a que la iniciativa todavía no está lista, además de que existen temas en el ámbito político y en la agenda pública que han obstaculizado un avance más efectivo.

En el acto inaugural también estuvieron presentes María Fernanda Garza Merodio, presidenta de ICC México; José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Alejandro Ogarrio Ramírez España, presidente de la Comisión de Arbitraje de ICC México; Luis Enrique Graham Tapia, presidente del Instituto Mexicano del Arbitraje; Jesús Sánchez Ugarte, presidente del Instituto Mexicano de la Mediación, y Antonio M. Prida Peón del Valle, presidente del Comité de Mediación de ICC México, quien fungió como coordinador general del evento.

María Fernanda Garza dejó claro que el objetivo de las mesas de trabajo es lograr una mejor y más eficiente legislación, que fomente la solución pacífica de conflictos en beneficio de las empresas establecidas en México.

“Reconocemos el mérito de la Secretaría de Economía de inspirar su iniciativa en la Ley Modelo sobre Conciliación Comercial Internacional redactada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional”, declaró.

Asimismo, la presidenta de ICC México hizo votos para que la petición contenida en la misiva suscrita por las instituciones organizadoras y que le fue entregada al abogado Pérez Frías antes del evento sea incluida en el proyecto legislativo que habrá de someterse al Congreso de la Unión. Dicha petición se refiere a la inclusión de las normas relativas a la protección de información y a la suspensión de la prescripción, tal como están contenidas en la mencionada Ley Modelo.

La primera mesa redonda en la que se discutió el Proyecto de Decreto de la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias fue coordinada por Cecilia Azar Manzur, quien acotó que los estados de la República le llevan gran ventaja en el tema de mediación a la Ciudad de México, y subrayó que este año se conmemoran 20 años de la primera ley de justicia alternativa, que se generó en Quintana Roo.

Rafael Lobo Niembro, fundador de la Asociación para la Resolución de Conflictos (ARCO) subrayó la importancia de la socialización de la mediación para que se beneficien de ella no sólo los sectores empresariales sino la sociedad en general, en asuntos como controversias vecinales, familiares o comunitarias. A su vez, Sylvia Sámano Beristaín, secretaria general del Centro de Arbitraje de México (CAM) manifestó las necesidades que tiene la comunidad interesada en los MASC y definió, desde el ámbito institucional, los pasos a seguir para brindar mejores servicios que permitan a los usuarios acceder a métodos eficaces.

La intervención de Óscar Cruz Barney, representante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, versó sobre la ética y la mediación. Hizo notar que el tema del secreto profesional no se aborda en el proyecto y señaló la importancia de la imparcialidad, la legalidad, la honestidad y la calidad del proceso de mediación.

Isabel Sepúlveda, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, aseguró que la mediación no debe limitarse a lo público y lo privado; refirió que la oportunidad de socializar la mediación en México también debe extenderse a las comunidades indígenas.

Uno de los temas que generó incertidumbre fue la disposición contenida en el proyecto de que la confidencialidad de la documentación y la información generada en el proceso de mediación pueda ser exceptuada mediante pacto de las partes.

En la segunda mesa se debatió sobre el proyecto de adicionar un título quinto al libro quinto del Código de Comercio en materia de conciliación comercial y fue coordinada por Alejandro Ogarrio Ramírez España, quien distinguió la mediación internacional, la mediación nacional y la mediación en línea, en caso de controversias de baja cuantía.

Antonio M. Prida Peón del Valle, presidente del Comité de Mediación de ICC México, subrayó la importancia de que en materia mercantil no se establezca la exigencia de la certificación de los conciliadores ni el registro de los convenios de conciliación y se permita a las partes solicitar la asistencia de instituciones privadas como la ICC para la administración de los procesos.

Por su parte, Francisco González de Cossío, presidente del Centro de Arbitraje de la Industria de la Construcción, se pronunció a favor de la adopción tabula rasa de la Ley Modelo para aceptar las mejores prácticas internacionales en la materia y demostrar la vocación internacional de nuestro país.

José María Abascal, miembro del Instituto Mexicano de Arbitraje, y quien representó a México en las reuniones en las que se redactó la Ley Modelo sobre Conciliación Comercial Internacional, señaló la importancia de la libertad contractual de las partes en la mediación mercantil, lo que incluye el acuerdo de someterse a la misma, designar libremente al facilitador sin necesidad de que sea certificado por institución alguna y lograr la transacción en la forma que le parezca adecuada, sin que se deban incorporar requisitos formales que obstaculizan su eficacia.

En contraste, Enrique Hernández Villegas, en representación de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, se pronunció a favor de la certificación de los mediadores, incluso en materia comercial, con el fin de lograr un estándar de competencia y de brindar certidumbre jurídica a los usuarios.

Rodrigo Zamora Etcharren, en representación de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, hizo una disertación sobre el pretendido carácter ejecutivo y de cosa juzgada del acuerdo de transacción, el cual, por disposición legal, debe incluir concesiones recíprocas, y sobre las limitadas excepciones que le pueden ser oponibles.

María de los Ángeles Jasso Cisneros, directora general adjunta de Opiniones Legislativas de la Secretaría de Economía, tomó la palabra para agradecer las aportaciones de los participantes en las mesas y aprovechó para aclarar que el concepto de justicia restaurativa, mencionado por algunos de los expositores, ya estaba contemplado en una versión más avanzada del proyecto.

El acto se cerró con la intervención del relator Jesús Sánchez Ugarte, presidente del Instituto Mexicano de la Mediación, quien luego de reconocer la apertura de la Secretaría de Economía y de agradecer el trabajo concertado de las instituciones organizadoras, concluyó que si bien había consenso en que la certificación de los mediadores era necesaria en los asuntos civiles y familiares, en materia mercantil no debe exigirse que los mediadores estén certificados para que los convenios en los que participen sean obligatorios, ejecutables y considerados como cosa juzgada o como sentencia ejecutoriada.

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