Evitar imponer un “fiscal a modo”: José Abel Flores

El colectivo #VamosPorUnaFiscaliaQueSirva que reúne organizaciones no gubernamentales, empresariales, académicos y líderes de opinión se concentraron en el Ángel de la Independencia para dar a conocer el “dictamen ciudadano” para reformar el artículo 102 de la Constitución a fin de lograr tener una fiscalía autónoma, capaz e independiente, al mismo tiempo de que se detenga la designación del actual titular de la PGR como el primer fiscal del país.

En entrevista con la revista Siempre, José Abel Flores Ramírez, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos que forma parte del colectivo #VamosPorUnaFiscaliaQueSirva destaca que la tardanza en lograr designar tanto a un fiscal general de la república como al fiscal anticorrupción obedece a una clara protección del partido que se encuentra en el gobierno, que lo único que busca es contar con un “fiscal a modo”.

Señala que, por ello, es urgente poner mayor atención a los temas que más aquejan al país. Por un lado, menciona, se encuentra el derecho humano al acceso a la justicia, el cual se ha visto afectado debido a que en México no existe una Fiscalía o una Procuraduría General de la República a través de la cual los mexicanos puedan satisfacer este derecho, por lo que se requiere hacer cambios para que la conducta delictiva no quede impune.

Tras destacar que el nuevo sistema de justicia penal es una oportunidad para hacer bien las cosas, asevera que “si este nuevo sistema fue diseñado para ser más justo, lo que resta es fortalecer tanto la Fiscalía General como la Fiscalía Anticorrupción, donde se requiere que haya independencia, así como una estructura adecuada para lograr disminuir el poder que hoy tiene el ejecutivo”.

“De qué sirve que tengamos una Fiscalía Anticorrupción a escala nacional con 50 ministerios públicos federales, si solo cuenta con unos cuantos millones para realizar su trabajo. Así no va a funcionar. El trabajo de la Fiscalía se verá sobrepasado por la falta de recursos humanos y materiales”.

Flores Ramírez indica que ambas fiscalías deberán estar al servicio de la sociedad y no al servicio del Poder Ejecutivo. Por lo que es muy importante que no sea un político el que llegue a dirigirlas, “de esa manera no deberán favores, ni tendrán que rendirle pleitesía al jefe del Ejecutivo o a su equipo”.

 

El proyecto ciudadano

Al hablar sobre los principales planteamientos que las organizaciones civiles buscan poner sobre la mesa, Abel Flores indica que es primordial contar con fiscales autónomos que se dediquen a la persecución e investigación de los delitos, “en la actualidad en la PGR se tiene una estructura que en lugar de investigar y perseguir los delitos se dedica a asuntos que tienen que ver con la política y desafortunadamente son los que tienen los mejores salarios y prestaciones”.

Además, subraya que se necesita una profesionalización tanto de la policía como de los ministerios públicos, pues si ambos no son capacitados, ni cuentan con buenas prestaciones, ningún abogado buscará hacer una carrera dentro de las fiscalías generales.

Explica que actualmente “un ministerio público tiene una gran responsabilidad, trabaja de sol a sol y solo gana 20 mil pesos. Además, en el ámbito nacional las fiscalías se están cayendo, no hay computadoras, no hay papelería, los policías no tienen gasolina para ponerle a sus patrullas. Con esa realidad es un hecho que las fiscalías no van a funcionar”.

 

El freno a Cervantes

Al abordar la polémica sobre la viabilidad de que el actual procurador Raúl Cervantes se convierta en el primer fiscal general de México, Abel Flores considera que la mejor opción es que este cargo no recaiga en un político, “más bien deberá tener una especialización en la investigación y persecución del delito como abogado o  penalista”.

“Si llega un político como fue Murillo Karam, hay que ver qué saben de derecho penal, del delito, de la corrupción y la transparencia. Podrá ser un buen diputado o senador para el PRI, pero no es especialista en el tema. Claro, en caso de haber un político que tenga una especialidad en los temas, con una trayectoria en ese sentido, podemos estar abiertos, pero lo más importante es que sean personas capaces y competentes en la tarea que se les va a asignar”.

Pese a aceptar que Cervantes cuenta con cierta experiencia pues es abogado y ha litigado, el problema —dice— es que se encuentra muy vinculado con el PRI, pero sobre todo con el gobierno actual, “de alguna forma va a generar problemas, quizá no en cuanto a su capacidad, sino en torno a la independencia para poder garantizar un trabajo adecuado en la fiscalía”. 

 

Controles para evitar actuar por consigna política

Dentro de los controles que se pueden utilizar para evitar que cualquiera que llegue a ser fiscal pueda actuar con alguna consigna política, Flores Ramírez dice que una de las propuestas es que exista un consejo ciudadano, el cual deberá de estar de alguna manera detrás tanto del sistema anticorrupción, como de la Fiscalía General de la República.

Este consejo —expone— deberá d debatir con el fiscal los puntos importantes de la fiscalía, “así como funciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que mensualmente se reúne con el consejo de ciudadanos para llevar por buen conducto las instituciones. Esta es una de las herramientas que pueden funcionar para evitar estos tintes políticos”.

Para Flores Ramírez lo más importante es que cualquiera que ocupe el cargo de fiscal deberá contar con experiencia, pero sobre todo garantizar la autonomía, “debe garantizar que el puesto no lo va a ocupar con tintes políticos; es decir, se va a morir en la línea”.

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