Articulos 67

Escrito por Noviembre 01 2016

Ciudad de México— La PGR pagó 2 millones 320 mil pesos por un servicio de asesoría para desarrollar un "Programa para Abatir la Impunidad en México".

Escrito por Octubre 18 2016

José Abel Flores Ramírez, nuevo titular de esa AC, dijo que la participación ciudadana es necesaria para evitar un Estado autoritario.

Si no queremos un Estado autoritario, necesitamos que la sociedad despierte y se involucre en los asuntos públicos del país, dijo José Abel Flores Ramírez luego de tomar protesta como nuevo presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos AC.

Acompañado por los ministros en retiro Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela y Güitrón, que fungieron como testigos de honor, Flores Ramírez enfatizó que si el gobierno prescinde de la sociedad "entonces estamos hablando de un Estado autoritario".

Durante su discurso como nuevo presidente de la Comisión indicó que cuando un Estado que se jacta de ser democrático debe estar al servicio del ser humano, "no podemos entender el estado de derecho si no ve por la felicidad del hombre".

Comentó que entre algunos problemas que enfrenta el país es la consolidación del sistema democrático.

En se sentido expresó su preocupación de la forma en que se conformó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues serán los que avalen la elección presidencial de 2018.

"Veo con preocupación que el Senado de la República designe a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral no por sus conocimientos sino por sus preferencias electorales, serán los que den legitimidad a la elección presidencial de 2018 y si se hace partiendo de cuestiones partidistas podemos tener una elección deslegitimada", enfatizó.

Lamentó que México tenga una sociedad "dormida, que no exige, no se preocupa y no participa", por eso urgió a trabajar por la defensa de los derechos humanos.

Destacó que seguirán en la ruta de la defensa de las mujeres, grupos vulnerables, a la seguridad pública así como seguir el desempeño de instituciones.

Universal 

Escrito por Octubre 18 2016

La elección presidencial del 2018 en México se perfila inédita, pues se dará en un contexto donde la imagen del Presidente de la República va a la baja, con un liderazgo débil incapaz de poder incidir en la nominación del candidato presidencial, y una sociedad desencantada con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Esto se puso de manifiesto durante la presentación del Informe “Justicia Electoral 2016: Elección de la Asamblea Constituyente y Gubernaturas Locales”, efectuado por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (CMDH) en el Hotel Marriott Reforma.

Durante la realización del foro, se anunció el término de la presidencia de la Actuaria Eugenia del Carmen Diez Hidalgo, quien entregará la batuta al Mtro. José Abel Flores Ramírez, presidente electo de la CMDH, el próximo 5 de octubre.

Al inicio del Informe de la CMDH, el analista Guillermo Torres Quiroz hizo una presentación del panorama político que presenta el país después de las elecciones del 2016. Entre otros puntos, destacó el grave deterioro de la imagen presidencial y cómo los sectores sociales se están uniendo contra el presidente Peña Nieto.

Torres Quiroz observa un ambiente pesimista de la sociedad mexicana en contra de la clase política, descontento que podría traducirse en molestias mayores a futuro, por lo que, dijo, se requiere una selección meticulosa de los nuevos magistrados electorales que integrarán el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque son los que van a calificar la elección presidencial del 2018.

El politólogo advirtió, sin embargo, que el perfil partidista de los aspirantes a magistrados electorales podría complicar el 2018.

Ante ello, concluyó, es urgente la participación de la sociedad civil organizada, donde la Comisión Mexicana de Derechos Humanos ha jugado un papel importante.

En su turno, Santiago Nieto Castillo, responsable de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), coincidió en la importancia de que las organizaciones civiles participen en la observación electoral, ya que México está ante un proceso electoral en el 2018 que implicará el despliegue más importante de toda la historia contemporánea del país.

Luego de expresar su acuerdo con los puntos presentados en el Informe de la CMDH, y reconocer su apoyo a la FEPADE, Nieto Castillo reflexionó en torno a la violencia que se ha incrementado en contra de las autoridades electorales.

Sobre las candidaturas independientes, consideró que no resuelven el problema, y se pronunció por que no se aliente un discurso en contra de los partidos políticos, pues son importantes para el proceso democrático. Eso sí, se pronunció por que se debatan los temas de corrupción y ética política en el ámbito electoral.

Y por último, puso de relieve la importancia decisiva que tiene la “marginalidad” en los procesos electorales, pues, en el caso de México, el 80 por ciento de los mexicanos vive en esta situación, lo que los hace vulnerables a los condicionamientos políticos de los programas sociales. Esta situación, definitivamente, obliga a revisar el modelo, para blindarlo, señaló.

El Dr. Dong Nguyen Huu, consultor y ex representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, retomó este punto de la “marginalidad” como una variable muy importante de los procesos electorales, sobre lo cual se preguntó: “Si tenemos defensores de los derechos políticos, ¿quién toma la defensa de los derechos sociales, que son también derechos constitucionales?”.

Y es que –enfatizó– “el problema es que sin un mínimo de bienestar, sin un mínimo de recursos, se marginaliza a una gran parte de la población; y esto es una ruptura de la comunidad nacional, en el sentido de ciudadanía”.

Definió que el voto no es una propiedad privada, es una función cívica: el derecho de seleccionar a nuestros representantes para hacer un buen gobierno. En este sentido tenemos que valorar el proceso electoral como proceso legal y proceso cívico.

Es en este sentido que se puede exigir a los candidatos cuál es su propuesta para mejorar las condiciones sociales de los mexicanos, concluyó.

Por su parte, el Magistrado Flavio Galván Rivera, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coincidió con a la CMDH con respecto a la paridad de género, la cual consideró que no puede ser sólo por moda, sino que se requiere que desde la educación se realice el cambio; “si no educamos en la igualdad, no vamos  a poder llegar a la paridad de género de manera natural.

La Actuaria Eugenia del Carmen Diez Hidalgo, presidente saliente de la CMDH, citó que la ciudadanía activa se apoya en el derecho de saber, de obtener explicaciones, de ser involucrados, de ser escuchado y de ser tomado en consideración.

Y remarcó que la CMDH quiere poner el dedo en la llaga y advertir que los principios de legalidad y legitimidad están siendo vulnerados por todos os partidos políticos.

@yoinfluyo

 

 

 

Escrito por Septiembre 22 2016

Las marchas convocadas por más de mil organizaciones de la sociedad civil, y celebradas en más de ciento veinte ciudades de México abren el debate, no por los llamados “matrimonios igualitarios”, sino por la supervivencia de la familia en el siglo XXI. Reconocemos que existen diferentes tipos de familia: las constituidas por un hombre solo o una mujer sola con sus hijos, o los nietos con los abuelos, o los tíos con los sobrinos, etc., lo que nos habla siempre de una relación de consanguinidad; pero también de la pareja heterosexual que ha adoptado niños, por no poder concebirlos naturalmente.

Por otra parte reconocemos, sin ninguna limitación ni exclusión, los derechos humanos de los homosexuales, que son los derechos que asisten a todo ser humano por ser iguales en dignidad; pero al mismo tiempo, afirmamos que no existe el derecho al matrimonio igualitario y, sobre todo, lo que de éste deriva según la iniciativa del Presidente, que es el “derecho” de los homosexuales a adoptar niños.

  Según el artículo 1° de nuestra Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, forman parte de la misma, y dichos tratados no reconocen, ni el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y, mucho menos, el derecho de los adultos de adoptar niños. El derecho es de los niños (se expresa en los tratados como “el interés superior del menor”), incluso frente a las parejas heterosexuales.  Si la vida les quitó, ya sea por muerte o por abandono, lo que la naturaleza les dio, los niños tienen derecho a recuperar lo más parecido a lo perdido, a saber, un papá y una mamá.

Lo que está en juego es la supervivencia de nuestra civilización y nuestra libertad. Con el pretexto del principio de la no discriminación y de la igualdad, el gobierno se quiere inmiscuir en la vida privada de los mexicanos, incluso en nuestra vida íntima. Ya lo hemos visto en la historia: los gobiernos que irrumpen en la vida privada de los ciudadanos, tarde o temprano se convierten en gobiernos totalitarios.

Reiteramos, una vez más, que la convocatoria a las manifestaciones (incluyendo la de este próximo sábado) es del Frente Nacional por la Familia. La jerarquía eclesiástica católica no es la convocante.  El estado laico no se encuentra en peligro, si entendemos la laicidad no como  el rechazo o la exclusión de la vida pública de la religión (eso, en todo caso,  es el laicismo), sino como una opción protectora de todas las religiones, incluso de  quienes no profesan ninguna religión. En efecto, entre los manifestantes del día 10 se encontraban familias representantes de todas las religiones, pero también había agnósticos y ateos.

El gobierno debe ser sensible al sentir de la mayoría de los mexicanos y, en todo caso, participar en el debate que ya ha abierto la sociedad organizada sobre el futuro de la familia para su fortalecimiento, no para su aniquilación.

 

Eugenia Diez Hidalgo

Presidente

Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.

56 87 54 50

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Escrito por Junio 12 2016

La Comisión Mexicana de Dh firmó un convenio de colaboración con la Universidad Insurgentes, para impulsar el conocimiento de los Derechos Humanos en el marco de la extensión universitaria, la academia, la docencia y la investigación. El convenio fue signado por la Mtra. Argelia Hernández Espinoza, Rectora de la Universidad Insurgentes, y la Act. Eugenia Diez Hidalgo, Presidente de la CMDH. Como testigos del convenio estuvieron presentes los vicepresidentes de la Comisión, Mtro. Salvador Abascal y Mtro. Abel Flores.

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